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Democracia chilena, ¿qué podemos esperar?

Marcelo Yáñez, académico de la Escuela de Administración y Economía, UC Silva Henríquez.
Marcelo Yáñez, académico de la Escuela de Administración y Economía, UC Silva Henríquez.

24/08/2015

De acuerdo a los estudios que realizamos en la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez, entre las personas vulnerables de Santiago*, 7 de cada 10 sienten que su opinión no es considerada por sus autoridades comunales y tampoco se sienten representadas por su alcalde ni por sus concejales, siendo estos resultados parte de los más negativos en los 12 años de esta investigación, la cual se efectúa desde 2003 y que ha comprendido cuatro gobiernos diferentes.

Además, 8 de cada 10 de estas personas no se siente representada por los senadores de su circunscripción ni por los diputados de su distrito. Por su parte, 69% piensa que su opinión tampoco es considerada por las autoridades del gobierno actual y 63% no se siente representada la Presidenta de la República. Ambos resultados son los más negativos desde 2003, superados sólo en algunos años del gobierno de Sebastián Piñera.

Frente a este cuestionamiento a la democracia chilena, que no surge con los casos más recientes de presunta corrupción como algunos tratan de sostener, pero que sí se viene acrecentado con el paso del tiempo, hemos escuchado todo tipo de propuestas para recuperar la credibilidad y confianza de la ciudadanía en nuestra democracia. Pero, quisiera detenerme en una de ellas, ya que quizás no cambie estas percepciones negativas, sino que por el contrario, las aumente.

Se ha planteado, con creciente insistencia, la necesidad de que el Estado (para ser más preciso: todos los que pagamos impuestos en Chile), financie la actividad política para terminar con la relación perversa entre los negocios (el dinero) y esta labor, reconociéndose que esta medida puede ser impopular, pero asegurando al mismo tiempo, que es imprescindible.

Frente a ello, surgen múltiples dudas, desde su legitimidad moral hasta su efectividad. Por ejemplo, el financiamiento al margen de la ley o la corrupción que eventualmente hay en las actividades de los políticos, que podría ser un problema ético o legal originado por ellos, se solucionaría asignándoles parte de los siempre escasos recursos públicos en desmedro de hacerse cargo de múltiples necesidades y urgencias de la población como, por ejemplo, mejorar la calidad de su atención de salud, de su educación, de la seguridad pública o de brindar mejor calidad de vida a la tercera edad, por mencionar solo algunas.  En este caso, la propuesta es que los platos rotos los paguemos todos los demás.

Por otra parte, cabe preguntarse ¿qué tan legítimo sería que con los recursos de todos los chilenos se financie el funcionamiento de éstos partidos, la formación de los futuros políticos, sus carreras y sus campañas para lograr que sus ideales y propuestas, presuntamente en post del bien común, lleguen al poder democrático? Al respecto, algunos alcances: esto es como crear ONG’s, financiadas por el Estado (todos los que pagamos impuestos), con una especie de funcionarios políticos pensando en el bien del país, pero a la luz de la historia reciente, más bien parece que piensan en sus ideales personales y partidistas. No nos engañemos, un objetivo central de todo partido político y personaje político es alcanzar el poder, camino natural para lograr que sus ideas contribuyan de manera decisiva al bien común.

Pero, ¿dónde están las propuestas de proyecto país que generan desde lo más profundo de sus ideales y principios en post del bien común? La mayoría de las propuestas que se escuchan distan de esto, otras son adaptaciones de lo que se ha hecho en algún país ‘más desarrollado’. (Presumiendo, que son mejores que las que podríamos generar nosotros mismos o países ‘no – OCDE’).

Entonces, ¿se podrá recuperar la credibilidad y la confianza de las personas en la institucionalidad con este tipo de medidas?, ¿cómo pretender que las personas estén de acuerdo con este tipo de propuestas?, ¿es este el mejor momento para plantearla? Los resultados de nuestros estudios señalan que las personas vulnerables demandan más democracia, pero una que sea participativa, no sólo electoral. A pesar de que están conscientes de lo necesario que son los partidos políticos, sienten que la clase política no los representa, donde muchas veces los candidatos elegidos asumen sus mandatos ciudadanos como ‘cheques en blanco’ para actuar por sí o en función de los intereses de sus partidos, de sus coaliciones políticas o en respuesta a aquellos que tienen mayor capacidad para ejercer influencias en su actuar, desconociendo con ello que su función es representar a sus electores.

¿Por qué nuestras autoridades no impulsan un proyecto de ley que permita a la ciudadanía revocar los mandatos de los cargos de elección popular? La mayoría de estas personas vulnerables coincide que en Chile debieran existir los plebiscitos y sus resultados debieran ser vinculantes legalmente, tanto para decisiones a nivel nacional, como regional y comunal, además piensan que esta herramienta debiera usarse para aprobar leyes relevantes como podría ser una sobre la pena de muerte.  

Junto a esto, demandan que diversas autoridades del país sean elegidas por la población, y si bien, no hay un consenso mayoritario sobre cuáles, las primeras mayorías son para los ministros de Estado, intendentes regionales y gobernadores provinciales, que se preocupen por las necesidades de la gente. Contra estos datos, que también se reiteran en estudios de otros centros de investigación, dado que la democracia no es un abstracto, pareciera que tenemos una clase política adolescente, que se comporta, algunas veces, de manera impulsiva, poco transparente, incoherente, inconsistente, no asumiendo públicamente sus ‘errores’, con posturas y acciones erráticas, generando cada vez más expectativas en la población con anuncios genéricos de todo tipo (aún sin estar en un período de elecciones), los que tienden a generar más y más frustración. Esto puede generar consecuencias complejas, ya que con el voto voluntario se corre el riesgo que cada vez menos personas acudan a votar y, si bien los candidatos pueden resultar válidamente electos desde la perspectiva legal, pueden no tener la legitimidad social necesaria  para impulsar los cambios que requiere el país. 

 

Marcelo Yáñez P.

Académico e investigador de la Escuela de Administración y Economía

Universidad Católica Silva Henríquez

 

*Por la línea de ingreso per cápita utilizada para definir el universo en esta investigación, cubre cerca del 60% de la población de Santiago (sexto decil) de acuerdo a la encuesta Casen.