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Gratuidad en la educación en escenarios de incerteza y desconfianza

Hugo Miranda, académico Facultad de Educación y representante transversal del Consejo Universitario, UC Silva Henríquez
Hugo Miranda, académico Facultad de Educación y representante transversal del Consejo Universitario, UC Silva Henríquez

06/10/2015

Resulta altamente interesante que la discusión del presupuesto de la Nación para el año 2016, se focalice en la educación.  Aunque, como profesor, habría preferido que dicha discusión se centrara más en los fundamentos de la educación que queremos como sociedad y los consecuentes requerimientos para que ello sea posible. Debe ser, sin duda, un momento histórico la altísima cantidad de tiempo y espacio que los medios de comunicación de masas y las redes sociales han invertido en el tema.

Como ciudadano me preocupa que no se tenga la misma dedicación a lo que implican las inversiones en educación parvularia, básica y media y las claridades de cuáles son los caminos que deberemos recorrer para el logro de un sistema más inclusivo, equitativo y menos segmentado en lo socio económico y cultural, por ende, considero que existen múltiples incertezas.

Son tiempos de desconfianza y, cada día, los noticiarios nos van dejando más incrédulos, aumentando los signos de desconfianza, soledades e individualidades. Por ello, mi individualidad, se asocia solamente con quien tiene una necesidad igual a la mía y, cuando vemos proyectos que pretenden ir en favor del bien común, se genera una profunda paradoja entre éste, que cada día se ve más debilitado, y el bien individual, que cada día se ve más fortalecido.  

Esa es una gran barrera que encontramos en estos proyectos de reformas estructurales que pretenden hacer ajustes al modelo. De hecho, soy un convencido de que las personas en  nuestro país, no quieren cambiar el modelo de desarrollo, sino que ser partícipes de la distribución de las ganancias, es decir, la idea del CVA: cómo voy ahí, cuestión que tanto criticamos a los ‘políticos’.

En este contexto, aparece un “proyectito” para la educación superior, reflejado en una glosa del presupuesto de la Nación que solamente garantiza que será para el próximo año, el cual aspira a dar respuesta a los  procesos de presión que ejercen los estudiantes, sin tener todos los elementos absolutamente analizados, es decir, una ‘respuesta en desarrollo’.

Como académico, habría preferido una ley exclusiva de la reforma de la educación superior en donde fuese posible establecer las distinciones de lo que debe ser el sistema de este nivel en sus distintas modalidades -centros de formación técnica, institutos de educación superior y universidades-, como contribuyente al desarrollo integral de la sociedad y no como un sistema que se sustenta en la ley de la oferta y la demanda.

Habría preferido que las universidades existentes y por existir, optaran por ser universidades de servicio público estatales o privadas (las cuales tienen sentido y significado en el bien común), o por ser universidades sin ese objetivo y con la libertad de decidir sus propios planes de desarrollo, sin poder utilizar recursos estatales y sin tener que responder a requerimientos mayores, salvo los de acreditación que garanticen calidad a quienes hagan uso de ese servicio.

De esta forma, las universidades de servicio público, deberían ser parte de ese proyecto nacional de educación, en donde sea posible una construcción participativa que responda al bien común e individual en una relación altamente homeostática, es decir, en equilibrio dinámico entre ambos (el individuo y el bien común), teniendo como eje articulador al Estado.

En este contexto, el Estado debería asumir el financiamiento más sustantivo para que sea posible el desarrollo universitario en sus distintos elementos: docencia, investigación y vinculación con el medio, pues es el conjunto, lo que hace posible una contribución global a la sociedad y no solamente la docencia, tal como se plantea hoy con el sistema de gratuidad. Una educación de calidad, en especial para los más desfavorecidos, requiere estar sustentada en la innovación, en la investigación y en los correlatos reales, lo que implica un sustantivo desarrollo de la relación de la universidad con su medio.

Sin embargo, la discusión actual se concentra en la gratuidad para el 60% más vulnerable que participa o participará del sistema de educación superior en próximo año, unos 250 mil estudiantes. En ese contexto, resulta interesante que el anuncio inicial beneficiara a las universidades del Consejo de Rectores, y que luego se ampliara los planteles privados sin fines de lucro, condición que por ley deberían cumplir todas, con una acreditación de cuatro años o más y con un grado de participación de la comunidad universitaria en su gobernanza. Esta situación, evidencia un sistema universitario que no se ajusta a los paradigmas que se están postulando como parte de la reforma universitaria.

Asimismo, y a pesar de que los aranceles de referencia y las correcciones anunciadas no son suficientes, hay universidades que no tienen alternativa y deben entrar al sistema de gratuidad aunque se generen problemas de financiamiento, pues la cantidad de estudiantes con vulnerabilidad son altos y deben hacerse cargo de esos menores niveles de competencias una vez que han aceptado al estudiante.

Para estas universidades, como la UC Silva Henríquez, restarse de esta gratuidad, le implicaría cambiar en su esencia, pues su énfasis está en contribuir al desarrollo humano en los espacios de vulnerabilidad. Sin embargo, otras instituciones, pueden rechazar esta opción, ya que no tienen la misma misión y lo que hacen es preparar a los estudiantes para “gerenciar” la pobreza.  

De esta forma, considero relevante ir rompiendo la relación del mercado reduccionista de oferta y demanda, sin embargo, a esta universidad salesiana, le genera ambigüedad en su futuro en distintos planos, que van desde qué pasará con el presupuesto del próximo año hasta cómo proyectarse en cuanto a inversiones en un futuro mediato, lo que está absolutamente correlacionado con la posibilidad de liderar proyectos de calidad con equidad y de alta responsabilidad social.

Por último, después de los diversos análisis aparecidos durante fin de semana, los pronósticos están en la línea de que dicha implementación generará frustración, al no responder a las necesidades individuales de cada uno de los potenciales individuos involucrados.

En síntesis, la política, o esta línea de política de gratuidad para la educación superior, apunta en la dirección correcta, sin embargo, es consumida por la incerteza, desconfianza y frustración que se avecina como resultado, entre otras, de esta paradoja entre el bien individual y el bien común como elementos coexistentes en instituciones como las nuestras.

 

Hugo Miranda

Académico Facultad de Educación y representante transversal del Consejo Universitario

Universidad Católica Silva Henríquez